En el complejo panorama legislativo español, la facturación electrónica ha emergido como un elemento crucial para combatir la morosidad y el fraude fiscal. Dos leyes principales, la Ley de Crece y la Ley Antifraude, lideradas por los Ministerios de Economía y Hacienda respectivamente, están moldeando el futuro de este campo.

A nivel europeo, la propuesta de directiva de la Unión Europea, presentada en diciembre de 2022, busca regular la factura electrónica y combatir el fraude fiscal, especialmente en el ámbito del IVA intracomunitario. Se espera que esta regulación se apruebe en 2024, estableciendo un plazo para que todos los Estados miembros adopten la factura electrónica para 2028.

En este contexto, Veri*Factu surge como una herramienta clave. Su principal objetivo es combatir las prácticas fraudulentas y evasivas que impactan negativamente en la economía y en los ciudadanos españoles. Además, busca facilitar el intercambio de información en tiempo real con Hacienda, promoviendo la homogeneidad en el contenido y la conectividad entre plataformas.

Aunque actualmente Veri*Factu es opcional, se espera que su uso se vuelva obligatorio a partir del 1 de julio de 2024. Esta medida afectará a autónomos y empresas en todo el territorio español, aunque algunos regímenes especiales podrían quedar excluidos inicialmente.

El proceso de Veri*Factu implica enviar facturas a Hacienda en formato estructurado XML, donde se asigna un identificador único, un código QR y un texto que certifica la validación por parte de la administración pública. Estos registros estarán disponibles para consulta en tiempo real, garantizando la integridad y autenticidad de los datos.

Para aquellos que necesiten modificar, rectificar o anular una factura, el proceso será similar, con la creación de una factura rectificativa y su validación por parte de Hacienda.